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sábado, 7 de mayo de 2016

Perú: Proyecto de Ley de Nuevo Código Penal


Proyecto de Ley:

Proyecto de Ley del Nuevo Código Penal (aquí), con fecha 10/05/2016

Noticias sobre el Proyecto de Ley:

"A propósito del nuevo Código Penal y la legitimidad de la intervención penal del Estado", en Enfoque Derecho (10/05/2016)
"Congreso no aprobaría propuesta de nuevo Código Penal", en La Ley.pe (06/05/2016)
"Preocupa cambios en Proyecto de Código Penal", en Crónica Viva (05/05/2016)
"Nuevo Código Penal debe ser moderno y tendiente a proteger la ciudadanía", en Portal del Congreso (05/05/2016)



miércoles, 23 de marzo de 2016

¿Responsabilidad "penal" de las personas jurídicas?


¿Responsabilidad “penal” de las personas jurídicas?

Por: Alfredo Alpaca Pérez[1]

El pasado 17 de marzo el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 4054/2014-PE, denominado “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Muchos han señalado que con tal aprobación, nuestro país satisface las exigencias planteadas por la OCDE como condición para incorporarse como miembro pleno, admite (materialmente) la llamada responsabilidad “penal” de las personas jurídicas y supera el tradicional dogma societas delinquere non potest. Estas afirmaciones, sin embargo, al ser erradas, deben ser rechazadas.

Con respecto a lo primero, resulta infundado decir que la OCDE haya exigido al Estado peruano la implementación, en su legislación interna, de una responsabilidad “penal” (o sancionatoria en general) de las personas jurídicas. En efecto, la Convención en materia de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales de 1997, señala, en su artículo 2, que “cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero”. Asimismo, en el artículo 3.2 del mismo instrumento internacional se señala expresamente: “En el caso de que conforme al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas morales, dicha Parte deberá asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros”. De esta manera, es posible decir que las exigencias de la OCDE pueden ser cumplidas por el Estado peruano sin que este tenga que adoptar necesariamente una responsabilidad “penal” (o sancionatoria en general) de personas jurídicas, la que, a mi juicio, supone una abierta contradicción con principios inderogables que gobiernan el sistema penal en un Estado de Derecho como son los principios nulla iniuria sine actione y nulla iniuria sine culpa.

Con respecto a lo segundo, en ningún lugar del texto sustitutorio se hace referencia expresa a una “responsabilidad penal” de las personas jurídicas, sino que se habla más bien de una “responsabilidad administrativa” de tales entidades. Consecuentemente, tampoco se alude expresamente a “penas”, sino que se evoca solamente a unas “medidas administrativas” aplicables a las personas jurídicas. Al respecto, es importante decir que aquí no se trata de un “fraude de etiquetas” (llamando “administrativa” a una responsabilidad que materialmente es “penal”, como sostienen algunos). Si en el texto sustitutorio no se ha hecho referencia a una responsabilidad “penal” es porque de alguna manera se ha reconocido que este último término tiene una suficiente carga expresiva consecuente con su esencia y contenido. En el derecho, las denominaciones responden a la sustancia del objeto que pretenden calificar, para así diferenciarlo –en sus fundamentos y finalidades– de otros. En realidad, son los defensores de la responsabilidad “penal” de la persona jurídica quienes juegan con etiquetas, al llamar “acción”, “culpabilidad” o “pena” (o “sanción penal”) a cosas que carecen de la mínima sustancia para serlo. Así como no se puede llamar “arrendamiento” a una “donación”, no se puede llamar “acción” a algo que solo de manera vulgar puede considerarse como “actividad” de la persona jurídica. Conforme a ello, no se puede llamar –como hacen algunos– “sanciones administrativas” a las medidas aplicables a las personas jurídicas, pues estas (que en realidad son pecuniarias e interdictivas) no tienen finalidades propiamente sancionatorias (sino que tienen como finalidad desincentivar el enriquecimiento injusto de las personas jurídicas).

Con respecto a lo tercero, con la aprobación del texto sustitorio materia de comentario no se produce una supresión del tradicional dogma societas delinquere non potest. Esto es así pues, a partir de una mirada del artículo 2 del aludido proyecto, es posible afirmar que el legislador ha asumido un modelo de “heterorresponsabilidad” de la persona jurídica, lo que es lo mismo a decir que la “responsabilidad” de aquella no es más que una de carácter derivado, y en ese sentido dependiente en todo caso de la que se pueda atribuir a la persona física. Al respecto, cabe preguntar: ¿Cómo se llama en derecho a la responsabilidad por las consecuencias derivadas de la conducta de otro? La respuesta es: responsabilidad objetiva (pues se trata de una responsabilidad no derivada de la culpabilidad, la que siempre es personal –subjetiva– y por el hecho propio). Con el reconocimiento formal de una –objetiva y materialmente inconsistente– responsabilidad “autónoma”, según el texto sustitutorio, la persona jurídica no adquiere súbitamente la capacidad de “cometer delitos” (pues el delito lo cometen materialmente los sujetos determinados en el artículo 3 del texto sustitutorio), ni mucho menos, de ser responsable por ellos (su responsabilidad será, civil o, si se quiere, administrativa –no sancionadora–, pero jamás podrá ser una de carácter penal).

La lucha contra la corrupción es una tarea que nos compete a todos. Y es a los que estamos relacionados de alguna u otra manera con el derecho a quienes nos compete plantear los mecanismos legales necesarios para librar esta batalla. Sin embargo, las propuestas no deberían suponer la renuncia a principios que resultan fundamentales en un Estado de derecho. En ese sentido, la dogmática no puede someterse a presuntas necesidades de la política criminal, pues, de ser así, la dogmática –útil para la sistematización e interpretación de las categorías penales– desaparecería para dar paso a la mera arbitrariedad. En todo caso, que la admisión de una responsabilidad “penal” de las personas jurídicas no es indicador de una adecuada lucha contra la corrupción lo ha manifestado la propia OCDE, al señalar, por ejemplo, en su reporte anual de 2013, que Alemania (que no reconoce en su ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas) es un ejemplo a nivel mundial para la lucha anticorrupción[2]. Esto permite entender que la lucha contra la corrupción debe recorrer otros caminos (muchas veces, no necesariamente jurídico-penales), y no la muy errada senda de la desafortunada y fallida responsabilidad “penal” de las personas jurídicas.




[1] Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando en Derecho por la Universidad de León (España). Investigador de la Asociación Ultima Ratio. E-mail: alfredo.alpaca@hotmail.com
[2] OECD Working Group on Bribery, Annual Report 2013, 2013, 13 y ss.

sábado, 5 de diciembre de 2015

Entrevista a Prof.ª Dr.ª María Ángeles Rueda Martín


En la presente entrevista, la Prof.ª Dr.ª María Ángeles Rueda Martín expresa algunas ideas generales sobre los principales aportes del finalismo a la ciencia del Derecho Penal. Al respecto, destaca esencialmente dos aportaciones. En primer lugar, sobre la base de la distinción entre la imputativitas y la imputario (distinción formulada por Welzel, al trasladar al Derecho Penal las reflexiones de Pufendorf), la distinción entre el objeto de valoración (los elementos lógico-objetivos) y la valoración del objeto (los juicios axiológicos sobre los que proyectar los previamente reconocidos elementos lógico-objetivos). En segundo lugar, la postulación y desarrollo de un concepto personal del injusto que a su vez tiene características esenciales (edificados sobre el concepto final de acción previamente reconocido): la importancia del desvalor de acción en el injusto penal, el traslado del dolo y del deber objetivo de cuidado de la culpabilidad a la tipicidad (para fundamentar la tipicidad dolosa e imprudente, respectivamente), la distinción entre el error de tipo y el error de prohibición y la distinción entre autoría y participación a partir del criterio del dominio del hecho. 

Asimismo, la Prof.ª Rueda Martín explica algunos de los alcances más destacados de su investigación sobre la teoría de la imputacion objetiva, materia que abordó de manera crítica en su tesis doctoral, asumiendo los postulados finalistas. Los puntos en común entre los defensores de la teoría de la imputación objetiva, según la Prof.ª Rueda Martín, son esencialmente dos. En primer lugar, la teoría de la imputación objetiva busca atribuir un sentido social típico en el ámbito del tipo objetivo a través de unos criterios normativos. Esto falla, según la Prof.ª Rueda Martín, en la medida en que se realizan únicamente en el ámbito del tipo objetivo, prescindiendo del tipo subjetivo. En segundo lugar, la formulación de los criterios normativos se realiza sin aceptar previamente la estructura teleológica de la acción humana, lo cual falla en la medida que, al tratar de asignar un sentido social típico a un comportamiento con independencia de lo que el sujeto quiere (esto es, distinguiendo radicalmente entre tipo objetivo y subjetivo), se produce, según la Prof.ª Rueda Martín, una escisión de la unidad de una acción.

Por otro lado, la Prof.ª Rueda Martín expone algunas ideas sobre el concepto de "adecuación social", que, como es conocido, no ha merecido una comprensión necesariamente unámime en la doctrina (inclusive en el propio finalismo, pues Welzel ubicó a la adecuación social, en distintos momentos de su pensamiento, en diferentes lugares de la sistemática de la teoría del delito). La Prof.ª Rueda Martín destaca la importancia de las ideas de Welzel en el marco de la teoría de la adecuación social, que, desde su punto de vista, tiene en comun con la teoría de la imputación objetiva el hecho de pretender evitar la intervención del Derecho penal sobre aquellos comportamientos que pueden resultar socialmente adecuados o útiles para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, entre los conceptos antes mencionados, según la Prof.ª Rueda Martín, hay diferencias: mientras en la adecuación social se debe tener en cuenta la funcionalidad de todas las acciones socialmente adecuadas (siendo la finalidad de una acción un elemento para determinar la funcionalidad de una acción), en la teoría de la imputación objetiva, a través de su concepto de riesgo permitido, se busca una definición con independencia de lo que quiere el sujeto. Entonces, se tratan de conceptos que si bien pueden tener algún punto en común, según la Prof.ª Rueda Martín, metodológicamente son muy distintos.

La Prof.ª Rueda Martín también compartió algunas ideas con respecto a la fundamentación material de la autoría en los delitos especiales. Así, entiende que aquel fundamento material responde a dos ideas esenciales: al dominio social típico y al abuso de la posición de dominio en la que se encuentra el individuo. La Prof.ª Rueda Martín señala que tanto en los delitos comunes como en los delitos especiales hay un criterio fundamental para definir quien es el autor: el dominio del hecho. En los delitos especiales, sin embargo, hay que añadir al dominio del hecho una serie de criterios normativos adicionales que permitan fundamentar la autoría: en algunos delitos, el dominio social típico (relación de dependencia entre un bien jurídico y el autor, que permite que este tenga un "acceso" más amplio a aquel, en comparación al que tendría cualquier otra persona) y, en otros, el abuso de la posición de dominio en la que se encuentra en autor (hay una relación de confianza y familiaridad entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el que se refleja la afectación del específico bien jurídico). Por otro lado, con respecto a la distinción entre delitos especiales propios e impropios, la Prof.ª Rueda Martín señala que aquella no tiene fundamento, ya que la definición de delito especial se define por la accesibilidad de ciertos sujetos a un bien jurídico.

Finalmente, la Prof.ª Rueda Martín desarrolla algunas ideas sobre el complejo tema de la participación del extraneus en delitos especiales. Este tema resulta particularmente importante en el Derecho penal peruano, en la medida que en este no se contempla una cláusula como la del 65.3 del Código Penal español, que permite la atenuación facultativa de la pena para el cooperador necesario y para el inductor extraneus en los delitos especiales. La Prof.ª Rueda Martín considera la introducción del artículo 65.3 como necesaria, pues en el Código Penal español no había claridad con respecto a los alcances de la pena del partícipe extraneus en un delito especial. Asimismo, la Prof.ª Rueda Martín afirma que, antes de la entrada en vigor del artículo 65.3 del Código Penal español, en la doctrina se señalaba que el partícipe extraneus debía recibir una atenuación de la pena pues su contenido de injusto era menor. La jurisprudencia, por su lado (y de forma más unánime que en la doctrina), venía acogiendo también esta comprensión. En los dos ámbitos se resaltaba la necesidad de no romper el título de imputación (teoría de la unidad del título de imputación), lo cual generaba la necesidad de argumentar a favor de la atenuación de la pena para el partícipe extraneus. De esta manera, tal atenuación se fundamentaba en la analogía in bonam partem (aplicando el artículo 65 del Código Penal, referido a la comunicabilidad de las circunstancias).

La Asociación Ultima Ratio agradece a la Prof.ª Dr.ª María Ángeles Rueda Martín por su extraordinaria generosidad y gran disposición para participar en este proyecto.

La entrevista también puede ser visualizada aquí. Si desea ver más entrevistas, entrar aquí.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Entrevista a Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luis Gracia Martín



En la presente entrevista, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luis Gracia Martín, desde una perspectiva bastante crítica, emite unas opiniones generales sobre el estado actual de la ciencia del Derecho penal (la que, desde su punto de vista, es "dramática" y "preocupante", entendiendo que la situación actual es la de una "desintegración del Derecho penal"). Posteriormente, el Prof. Gracia Martín, férreo defensor, como es bien sabido, de los postulados finalistas, se encarga de desvirtuar las más importantes críticas que se formulan en contra del finalismo. Así, el Prof. Gracia Martín niega que el finalismo sea iusnaturalista (afirmando que Welzel fue un gran crítico del iusnaturalismo). Asimismo, el Prof. Gracia Martín niega que el finalismo sea una dogmática ontológica (que pretende extraer el deber ser del ser, por su método ontologicista). Para el Prof. Gracia Martín, el pensamiento welzeniano tiene como objetivo principal la dignidad de la persona, la democracia y el Estado de Derecho (siendo este la principal característica, a su juicio, del finalismo, más que la reubicación sistemática del dolo en el tipo de injusto). De estos objetivos es que Welzel, según el Prof. Gracia Martín, deriva consecuencias para la dogmática jurídico-penal.

Seguidamente, el Prof. Gracia Martín comparte sus ideas sobre el concepto finalista de acción, así como sobre la necesidad de que este sea mantenido si es que se quiere entender adecuadamente los alcances del concepto de tipo de injusto. Desde esa perspectiva, el Prof. Gracia Martín entiende que no se puede plantear una diferenciación conceptual tan acentuada (como la admitida por la doctrina mayoritaria) entre tipo objetivo y tipo subjetivo (separación fortalecida, en gran manera, por la teoría de la imputación objetiva). El tipo finalista, según el Prof. Gracia Martín, implica la no separación entre la parte objetiva y la parte subjetiva, esto es, donde los elementos objetivos y subjetivos se encuentran sintetizados.

A continuación, el Prof. Gracia Martín se refiere a la tensión existente entre el "discurso de resistencia" y el "discurso de modernización" en el ámbito del Derecho penal, específicamente, en lo relacionado al concepto de bien jurídico colectivo. La teoría del bien jurídico, según el Prof. Gracia Martín, debe fijarse en el horizonte político de la sociedad (defensa de la dignidad humana, de la democracia, de la libertad, de la igualdad) y a partir de ello, se deben deducir los criterios para determinar en la realidad aquellos objetos que por sus características son adecuados para alcanzar los fines políticos que se pretenden. De conformidad a ello, el Prof. Gracia Martín señala que para que un bien jurídico individual pueda ser aprovechado de modo óptimo, deben darse determinadas condiciones, siendo estas los bienes jurídicos colectivos.

Finalmente, el Prof. Gracia Martín se pronuncia sobre la denominada "responsabilidad penal" de las personas jurídicas, mostrando su más firme rechazo a esta construcción. El Prof. Gracia Martín señala que los argumentos orientados a fundamentar una responsabilidad, presuntamente penal, de las personas jurídicas, no se toman en cuenta opiniones de importantes juristas a lo largo de la historia del Derecho, que en buena cuenta manifiestan una clara oposición a la posibilidad de que se pueda afirmar razonablemente que una persona jurídica es "penalmente responsable". El Prof. Gracia Martín destaca que la proliferación de opiniones orientadas a argumentar a favor de la "responsabilidad penal" de las personas jurídicas es una demostración del estado de crisis en el que se encuentra actualmente el Derecho penal. El Prof. Gracia Martín señala que hace 40 años, cuando existían escuelas en el Derecho penal, a nadie se le hubiera ocurrido plantear algo parecido a una "responsabilidad penal" de la persona jurídica.

La Asociación Ultima Ratio desea agradecer profundamente al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luis Gracia Martín por su generosidad y por su gran consideración para participar en nuestro proyecto. A través de esta entrevista buscamos que los lazos que lo unen a Latinoamérica -ya bastante sólidos, especialmente con el Perú- se mantengan a lo largo del tiempo.

domingo, 12 de julio de 2015

Entrevista al Prof. Dr. Dr. hc. mult. Francisco Muñoz Conde


En la presente entrevista, el Prof. Dr. Dr. hc. mult. Francisco Muñoz Conde comparte con el público peruano y latinoamericano en general diversas reflexiones sobre algunos temas propios del Derecho penal que han llamado su atención durante su extensa y brillante trayectoria académica. En primer lugar, el Prof. Muñoz Conde señala que la dogmática es una "gramática" que el jurista debe necesariamente manejar, lo cual, sin embargo, no supone dejar de lado los temas sociales. En su opinión, el Derecho penal debe ser comprometido, esto es, no solo debe ser técnicamente sólido, sino que debe atender a los problemas reales. Lo que definitivamente no debería ocurrir es la aplicación del Derecho penal como un mecanismo de marginación social. El atender a las cuestiones sociales no afecta necesariamente la "cientificidad" del Derecho penal, por el contrario, el jurista debe dominar el instrumento técnico-jurídico pero también el objeto, el escenario en el que pretende aplicarse.

En segundo lugar, ante el denominado (peyorativamente) "Derecho penal moderno", el Prof. Muñoz Conde afirma que aquel describe un escenario en el que nuevos intereses (medio ambiente, mercados finacieros, etc.) deben ser susceptibles de protección jurídica. Esto sin embargo, lleva generalmente a la vía incorrecta, consistente en convertir en delito meras infracciones administrativas. Esto hace, en su opinión, que el Derecho penal intervenga antes inclusive de que se ponga en peligro el bien jurídico protegido. Esta forma de proceder, según el Prof. Muñoz Conde, prescinde de todos los mecanismos existentes de carácter previo al Derecho penal. No se puede destinar todo al Derecho penal: hay supuestos graves que evidentemente deben ser tratados por esta rama del ordenamiento jurídico, pero hay otros escenarios en los que (de conformidad al Derecho penal como "ultima ratio") deben intervenir en primer lugar instrumentos jurídicos de carácter previo. En consonancia con lo señalado, el Prof. Muñoz Conde (siguiendo a Hassemer) afirma la necesidad de un Derecho de intervención, entre el Derecho administrativo y el Derecho penal, para poder abordar determinados escenarios caracterizados por su complejidad.

En tercer lugar, en lo que respecta a la pena, el Prof. Muñoz Conde afirma que, en la actualidad, aquella institución sigue siendo necesaria y esto es lo que, según el Prof. Muñoz Conde, permte afirmar que la pena se justifica por sí misma. Esto no quiere decir que la pena no tenga un sentido: la pena definitivamente debe tener un sentido, y este consiste esencialmente en el beneficio que pueda aportar a la sociedad. El Prof. Muñoz Conde destaca la función preventivo general de la pena, además de la prevención especial, que debe recaer sobre el individuo que ha delinquido. Según el Prof. Muñoz Conde, el Derecho penal debe estar formalizado, lo cual excluye la posibilidad de imposición de un castigo arbitrario. En cuanto a las finalidades, el Prof. Muñoz Conde señala que frecuentemente se sostiene que la sobrerrepresión (que se justifica en la idea de que a mayor utilización del Derecho penal, se evita la realización de conductas prohibidas) es la alternativa adecuada. Esto, sin embargo, no es necesariamente así. En definitiva, el Prof. Muñoz Conde defiende la concepción preventiva de la pena, pero, a la vez, admite que empíricamente las cárceles no resocializan y el Derecho penal no reduce la criminalidad. En la entrevista, el Prof. Muñoz Conde brinda comentarios y ejemplos concretos sobre estas complejidades.

Finalmente, el Prof. Muñoz Conde manifiesta su opinión sobre el contenido y el fundamento material de la categoría dogmática de la culpabilidad. Sobre este asunto, el Prof. Muñoz Conde (sin entrar en el debate sobre la existencia o no de libertad) emite algunas ideas sobre los criterios que permitan hablar de cuándo una persona posee determinadas características que hacen posible afirmar cuándo una persona puede ser culpable. Asimismo, el Prof. Muñoz Conde alude al problema del error culturalmente condicionado, cuestión que constituye un asunto problemático en países como el Perú. Luego de esbozar una serie de argumentos, el Prof. Muñoz Conde concluye afirmando que la reprochabilidad por no haber actuado de una determinada manera no constituye una hipótesis realista. Con respecto a los recientes desarrollos científicos de las neurociencias, el Prof. Muñoz Conde señala que es evidente que aquellas pueden aportar al Derecho penal, pero que tampoco, a partir de ellas, se pueden elaborar categorías generales.

La Asociación Ultima Ratio quiere agradecer profundamente al Prof. Dr. Dr. hc. mult. Francisco Muñoz Conde por participar en este entrevista. Deseamos que en esta nueva etapa de su brillante trayectoria académica, mantenga los lazos con Latinoamérica, forjados desde hace más de 30 años.

La entrevista también se puede visualizar aquí. Para ver más entrevistas, hacer click aquí.