domingo, 22 de septiembre de 2013

Algunas ideas sobre el delito de asociación ilícita como delito de peligro abstracto en el Código penal peruano




1. Introducción.

La criminalidad organizada, como fenómeno derivado de la globalización política y económica, se caracteriza por la magnitud de sus consecuencias lesivas: no sólo crea inseguridad ciudadana –como la tradicional delincuencia individual–, sino inseguridad al propio Estado, por su clara incidencia en el orden social, político y económico. Por ello, la reacción frente a la criminalidad organizada no solo se dirige a la tutela de bienes jurídicos individuales, sino fundamentalmente a garantizar las condiciones o bases del propio funcionamiento del modelo social[1].

Es evidente entonces la necesidad contemporánea de los Estados de abastecerse de los mecanismos legales necesarios para enfrentar el referido fenómeno. En este sentido, SILVA SÁNCHEZ reconoce tres vías diversas con las cuales se ha tratado legislativamente el asunto: 1) mediante la tipificación de los delitos más característicos de la criminalidad organizada (lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas); 2) mediante la introducción del elemento agravante de la «organización» en los delitos más o menos tradicionales para así expresar la especial peligrosidad de esta forma de actuación antijurídica; y, 3) mediante la tipificación de los delitos de «asociación para delinquir» o «asociación ilícita»[2]. Pues bien, en lo que sigue me referiré a esta tercera vía, la cual, a decir de CHOCLAN MONTALVO,  es –junto a la confiscación del patrimonio criminal y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas– una de las manifestaciones del combate a la criminalidad organizada en el plano del Derecho penal sustantivo. Con todo, a los efectos de esta sucinta contribución, abordaré concretamente el tema referido al bien jurídico protegido por el delito de asociación ilícita tal y como está contemplado en el Código Penal (en adelante, «CP») peruano, y a partir de ello, me referiré a las posibilidades de comprender a este tipo penal como un delito de peligro abstracto.

2. Tipificación en el Código Penal peruano.

El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 317 del CP peruano. La redacción del tipo penal es la siguiente:

«Artículo 317. - Asociación ilícita

     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

     La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:

     a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.

     b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.

     c) Cuando el agente es quien financia la organización»[3].

3. Bien jurídico protegido según la doctrina.

En el ámbito doctrinal, la determinación del bien jurídico en el delito de asociación ilícita dista de ser una cuestión pacífica. Así, dentro de todas las perspectivas que pueden verificarse, aquí me referiré solo a tres de ellas: 1) la referida a que el bien jurídico protegido es el orden público; 2) la que señala que el bien jurídico es la tranquilidad pública; y, finalmente, 3) la que afirma que los bienes jurídicos protegidos son aquellos que se vulnerarían por los delitos que los miembros de la asociación pretenden cometer, es decir, los delitos-fin.

Pues bien, se ha señalado que el orden público es el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita, definiéndolo como «el orden externo y material de la convivencia ciudadana»[4]. Evidentemente, se trata de un concepto sumamente vago y que, por lo demás puede desconocer las exigencias mínimas de un tipo penal en un Estado democrático de Derecho, ya que para menoscabarlo bastaría «la simple producción del desorden»[5]. Debido a esto, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, en la emblemática sentencia de 29 de septiembre de 1993[6], consideró necesario el determinar una «finalidad específica», la que radicaba en atentar contra la paz pública[7]. Con todo, se ha intentado establecer un concepto de orden público que, siendo idóneo para satisfacer las funciones asignadas a un bien jurídico de esta naturaleza en un Estado democrático de Derecho, resulte a la vez compatible con el sistema de valores constitucionales. Así, el orden público se concebiría como «el interés general en alcanzar el estado de normalidad necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos»[8]. Con todo, a pesar de este esfuerzo interpretativo, no considero que se haya logrado concretar materialmente el contenido del referido bien jurídico. Y esto es así pues, desde mi punto de vista, el referido concepto confunde el fundamento con la consecuencia: el orden público no es más que el efecto de la protección –por parte del ordenamiento jurídico– de los bienes jurídicos verificables en las diversas parcelas de la vida social. Asimismo, el concepto citado, al aludir a una expectativa («interés general de alcanzar un estado de normalidad para el cumplimiento de los derechos fundamentales»), parece contradecir la inherente concepción del orden público como una circunstancia dada sobre las cuales se determinan los presupuestos para el ejercicio de los derechos, pero cuyo incumplimiento de los mismos –en un Estado democrático de derecho– no debería suponer la afectación del orden público, sino una incorrecta aplicación de los derechos en un ámbito concreto (administrativo, judicial), ante los cuales existen mecanismos institucionalizados de corrección de la situación lesiva (recursos administrativos o judiciales, por ejemplo). Complementando estos argumentos, es posible aludir aquí la ya clásica objeción al orden público como bien jurídico: aquél se trata de un concepto sumamente vago e impreciso, que sin problema alguno puede ser afectado por la comisión de cualquier delito[9]. Así, «los elementos que integran la noción del orden público como interés violado por estos delitos, pueden, a primera vista, aparecer comunes al objeto jurídico de todos los delitos»[10]. Por estas razones, comparto la idea de que la genérica y difusa referencia al orden público no logra consolidar un concepto material de bien jurídico penal.

Sin embargo, el sector doctrinal que considera como justificada la protección del orden público a través del delito de asociación ilícita señala que si bien es cierto que todo delito deriva o puede derivar en una afectación del orden público, aquella se trata de un daño mediato, en comparación de aquellos daños que directamente afectan al orden público. Así, se señala que en tales delitos «es difícil encontrar una objetividad jurídica inmediata y distinta del peligro social que causan; (mientras que) la lesión del orden público, (…) no es consecuencia de otras violaciones particulares del ordenamiento jurídico, sino que se presenta como un efecto por sí mismo, que cobija directa y exclusivamente la paz pública»[11]. De esta manera, como concluye BERNAL PINZÓN, el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita «no puede ser otro que el orden público, entendido como ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad, de sosiego, al cual se refieren los autores que hablan de la llamada paz pública o tranquilidad pública, que en sus efectos coincide con el orden público»[12].

Esta idea, a pesar de estar orientada a fundamentar la afirmación de que el bien jurídico protegido es el orden público, desde mi punto de vista, no logra su cometido pues no alude a un concepto autosuficiente de orden público sino que alude a otros conceptos como la tranquilidad pública o la paz pública para otorgarle materialidad. Este «escape necesario» a otros conceptos a efectos de bridarle suficiencia al orden público no es nuevo. En Argentina, por ejemplo, aunque el tipo penal de asociación ilícita está contenido en el Título VIII del CP –caracterizado como «Delitos contra el orden público»–, ha imperado la necesidad doctrinal de concretar el bien jurídico en la tranquilidad pública, a partir de la constatación de que el referido delito «produce una verdadera alarma colectiva»[13]. De esta manera, pese a la ubicación sistemática del precepto –y ante la amplitud conceptual con la que se ha caracterizado al orden público– la doctrina argentina no ha dudado en concretar el bien jurídico del delito de asociación ilícita en la tranquilidad pública[14].

Pues bien, desde una perspectiva teleológica, la referencia a la tranquilidad pública como objeto de protección en el delito de asociación para delinquir resultaría más adecuada, incluso si el tipo penal ha sido ubicado por el legislador bajo el Título de los «Delitos contra el orden público». En ese sentido, CARRARA, comentando el CP italiano, se decantó por identificar a la tranquilidad pública como bien jurídico, definiéndola, «en su vertiente interna, como un estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por dolor, por temor o ira. Desde el punto de vista externo expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de movimientos extraordinarios, impetuosos y convulsivos. Cuando esos estados se contemplan en un número indefinido de ciudadanos y posiblemente en todos, se usa la fórmula “tranquilidad pública” (…), se dice que ofenden esta tranquilidad aquellos hechos que suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de esos ciudadanos»[15]. En términos similares, CREUS –comentando el CP argentino– señaló que «la tranquilidad pública es una situación subjetiva: sensación de sosiego de las personas integrantes de la sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, puesto que sus individuos ajustarán sus conductas a las reglas fundamentales de la convivencia»[16]. Por su parte, SOLER –también en Argentina– recondujo el objeto de tutela a la tranquilidad y confianza social, entendiendo que para la ley penal «orden público quiere simplemente decir: tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad constituye un factor más de refuerzo de aquella»[17]. En ese sentido, «la expresión tranquilidad pública tiene la virtud de eludir la ambigüedad que por sus distintas acepciones y dispar contenido tiene la fórmula orden público, a la par que señala la verdadera naturaleza del bien jurídico lesionado por este delito (asociación para delinquir)»[18].

Como puede observarse, los conceptos de tranquilidad pública y de orden público son presentados en la doctrina con un contenido equivalente, el cual, sin embargo, quedaría mejor expresado por la idea de «tranquilidad», que refleja de manera más adecuada el aspecto de alarma colectiva que se considera como el fundamento de la punibilidad de la asociación ilícita[19]. Esta noción de alarma se manifiesta cuando se dice que los delitos contra el orden público son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, sino que su fundamento radica en la vulneración del derecho a la tranquilidad, que se expresa a su vez en la alarma colectiva[20]. Con todo, una perspectiva como esta, a mi juicio, subjetiviza el fin de protección de la norma. En ese sentido, si bien la idea de «alarma social» para explicar el fundamento de la punición de la asociación ilícita puede resultar gráfica en algunos casos, es preciso reconocer su inexactitud. Esto es así pues la represión de las asociaciones ilícitas por parte del Derecho penal debe ser independiente de las sensaciones sociales: la «conmoción pública» que un hecho produce en la sociedad depende de factores estrictamente aleatorios, y nada dice aún acerca de la tipicidad de una conducta concreta, y mucho menos, de la legitimidad de su sanción.

Finalmente, un sector de la doctrina entiende que los bienes jurídicos protegidos por el delito de asociación ilícita son aquellos que serían vulnerados por los delitos que los miembros de la asociación pretenden cometer. Desde este punto de vista, las asociaciones criminales son combatidas por el derecho penal porque se proyectan de forma peligrosa sobre diversos bienes jurídicos, ante lo cual se decide adelantar la protección de éstos al nivel de actos preparatorios. Este adelantamiento está fundamentado en que las asociaciones constituyen un potencial de peligro especial, y esta peligrosidad particular es la que lleva al legislador a adelantar la protección penal al estadio de la preparación. La función del tipo es prevenir el peligro que deriva de estas asociaciones para los bienes jurídicos, y para ello, aparece como decisivo el atacar antes de que actúen. El fin de protección, por lo tanto, sería desmantelar una fuente de peligro especialmente grave. Estas líneas se condicen con la «teoría del adelantamiento», por la cual se entiende que no se protege un bien jurídico autónomo –como sostiene la doctrina mayoritaria– sino que el bien jurídico tutelado son los respectivos objetos de protección de la parte especial[21].

Como es posible observar, la postura que se decanta por considerar al delito de asociación ilícita como un adelanto de las barreras de la punibilidad se basa en que las nociones de «orden público» o «tranquilidad pública» –que, en las consecuencias, son tratadas como sinónimos– como bien jurídico afectado, no solo son excesivamente vagas, sino que, además, no alcanzan a explicar por si mismas qué es lo que se intenta proteger mediante el tipo penal de asociación ilícita[22]. Así, cuando se señala que la existencia de la asociación ilícita constituye una circunstancia amenazante que en la mayoría de los casos resultará perturbadora de la confianza social respecto de las normas, y afectará, por lo tanto, el orden público, se acentúa el carácter «público» de la afectación, con lo cual no se logra explicar con suficiencia el supuesto de que ante una asociación clandestina cuya existencia no logra ser conocida por la generalidad, no existiría ningún bien jurídico vulnerado y, por lo tanto, no habría necesidad de intervención penal.

A partir de la ubicación sistemática del delito de asociación ilícita en el CP peruano uno podría sostener que mientras no tome estado público, la asociación ilícita es atípica. En este caso, solo quedarían alcanzadas por el tipo penal las asociaciones ilícitas o bandas que realicen alguna manifestación pública de sus actividades delictivas, provocando inseguridad en la población. Asimismo, si se toma en cuenta que las organizaciones delictivas muchas veces actúan en la clandestinidad y mantienen sus planes en secreto, el conocimiento de su existencia no trascendería a la sociedad y ésta no se vería afectada en su seguridad. Por otro lado, si se considera que el delito de asociación ilícita implica una criminalización de actos preparatorios, el efecto principal práctico que se buscaba con el delito –conformar un delito de «preparación»– no se vería cumplido, al quedar fuera del ámbito del tipo los casos de asociaciones ilícitas clandestinas o secretas. Así, la asociación ilícita «tiene el sentido de, fundamentalmente, de autorizar la intervención punitiva estatal antes de que exista tan siquiera una tentativa de algún delito de los que la asociación persigue, con prescindencia de si su existencia ha tomado estado público o si continúa en la clandestinidad»[23].

Ahora bien, aunque el adelantamiento de la punibilidad sea para algunos autores el fundamento mismo del delito de asociación ilícita, el poner énfasis en este aspecto –y en resaltar el peligro que representa la actividad de una asociación delictiva para bienes jurídicos distintos de la tranquilidad pública– no alcanza a explicar la razón de la autonomía de la infracción[24]. Si solo se tratara del adelantamiento de la punición en función de la posibilidad de afectación de otros bienes jurídicos, se debe concluir que en los casos en que ya se haya ejecutado el delito concreto en el marco de la organización, dicho comienzo de ejecución absorbería, por consunción, el acto preparatorio anterior y sería dificultoso justificar el reconocimiento de dos afectaciones normativas: la de preparación, por un lado y la de –al menos– la tentativa, por el otro. Por otro lado, los bienes jurídicos que podrían verse afectados por los concretos hechos delictivos realizados por los integrantes de una organización delictiva ostentan ya una tutela específica, por lo que si se considera como necesaria una referencia al bien jurídico del delito fin para obtener de éste el interés protegido por el delito de asociación ilícita no solo se estaría desconociendo el carácter trascendente que el legislador penal ha impregnado al tipo penal en cuestión[25], sino que, también, se estaría justificando la existencia de un bien jurídico –el supuestamente protegido por el delito de asociación ilícita– sin ningún contenido material.

4. El delito de asociación ilícita como delito de peligro abstracto en el Derecho penal peruano.

Desde un punto de vista sistemático, el delito de asociación ilícita se encuentra en el artículo 317 CP, que a su vez se encuentra en el Título XIV del CP, referido a los «delitos contra la tranquilidad pública» y, específicamente, en el Capítulo I, referido a los «delitos contra la paz pública». En ese sentido, según el CP, el delito de asociación ilícita –junto a los delitos de: disturbios (315 CP), grave perturbación de la tranquilidad pública (315-A CP), marcaje o reglaje (317-A CP), apología (316 CP), ofensas a la memoria de los muertos (318 CP) e intermediación onerosa de órganos y tejidos (318-A CP)– vulnera el bien jurídico «paz pública».

Pues bien, el delito de asociación ilícita se consuma con la mera pertenencia a una agrupación (de 2 o más personas) destinada cometer delitos, sin importar la materialización de los ilícitos penales proyectados, pues lo que se sanciona es el peligro que significa para la tranquilidad pública la existencia de una agrupación criminal, entendida como aparato con cierta organización y división funcional de roles, en cuya estructura sus integrantes tienen una participación decisiva o simplemente ejecutiva[26]. De esta manera, debería concluirse que el bien jurídico penalmente protegido según la legislación peruana sería la tranquilidad y la paz pública. Así, el dolo específico que distingue al delito de asociación ilícita de las infracciones penales que dicha agrupación cometa es el de atentar contra dicha paz pública, resultante del normal funcionamiento –al menos en términos programáticos– de las instituciones y servicios. Al tratarse de un bien jurídico de naturaleza inmaterial y de carácter colectivo, la doctrina peruana se muestra de acuerdo en «aceptar el recurso a la técnica de los delitos de peligro, pues de otro modo el Derecho penal renunciaría a la tutela de este importante bien jurídico»[27].

Así las cosas, se señala en la doctrina que el legislador peruano ha criminalizado la pertenencia a una asociación criminal a partir de un tipo de peligro abstracto, en el que aunque el peligro mismo no pertenece al tipo, al comportamiento correspondiente le es típicamente propio la producción de un peligro concreto[28]. Por ello, en tanto delito de peligro abstracto, el merecimiento de pena viene dado por la «peligrosidad general» que el comportamiento típico irroga a la tranquilidad y paz pública, cuyo control escapa al propio ámbito de dominio del agente[29]. A partir de ello, la doctrina reconoce la admisibilidad dogmática de recurrir a la técnica de peligro abstracto para tipificar el delito de asociación ilícita, habida cuenta que la tranquilidad y paz pública se erigen como intereses cuya tutela exige el adelantamiento de la barrera de punibilidad[30].

5. Problemática y conclusiones.

La doctrina peruana parece concluir señalando que en el delito de asociación ilícita se protege un bien jurídico colectivo, sin embargo, no queda claro si se trata de la «paz pública» o la «seguridad pública». Asimismo, de los argumentos expuestos la referida doctrina señala que la estructura típica del delito de asociación ilícita responde a la de los delitos de peligro. Pues bien, la pregunta cae de madura: ¿Protegen los delitos de peligro abstracto bienes jurídicos colectivos? Este es un problema que aún no ha encontrado solución en la doctrina. Por ejemplo, MÉNDEZ RODRÍGUEZ se opone a la configuración de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos como delitos de peligro abstracto[31]. Sin embargo, otros autores, como MAYO CALDERÓN, si aceptan la posibilidad de que los bienes jurídicos colectivos sean protegidos a través de delitos cuya estructura responda a los de peligro abstracto[32].

Pues bien, con respecto a este debate debo ser sincero y confesar, por honestidad intelectual, que aún no logro obtener una conclusión definitiva. Sin embargo, hay algo que si estoy seguro y, pienso, podría definir una eventual posición definitiva: si se quiere que los bienes jurídicos colectivos sean independientes de los bienes jurídicos individuales, es preciso dotar a aquellos de un contenido material, de tal manera que se evite el tan común recurso formal a bienes jurídicos colectivos que en realidad para definirse requieren la verificación de la afectación a bienes jurídicos individuales. En ese sentido, si los bienes jurídicos buscan ser independientes, el fundamento material que se aplique a ellos debe permitir pensar que, necesariamente, podrán ser lesionados, puestos en peligro concreto y puestos en peligro abstracto. De nada serviría buscar el fundamento material de los bienes jurídicos colectivos cuando solo se permite su lesión y su puesta en peligro concreto (dejando de lado su puesta en peligro abstracta)[33]. Ahora bien, en el caso del delito de asociación ilícita, definitivamente la caracterización de «la paz y la tranquilidad pública» como intereses protegidos no me parece la más adecuada, sobre todo cuando se trata de paliar las carencias del análisis individual de cada una de ellas al juntarlas en un concepto que es muy poco expresivo. Personalmente, me decantaría por orientar la protección a la «seguridad», que puede ser entendida como el estado ideal de desenvolvimiento de determinados procesos sociales en los que aparecen implicados los bienes jurídicos más importantes, que al ser tutelado por el ordenamiento jurídico da lugar a la configuración de un bien jurídico[34]. De la seguridad pueden desprenderse circunstancias en las que el individuo puede aprovechar o utilizar sus bienes, despreocupándose de que sean puestos en peligro o lesionados, es decir, sin tener que tomar medidas de autoprotección[35]. Entonces, con la tutela del bien jurídico colectivo «seguridad» se trataría de proteger los bienes jurídicos más importantes, que son los que tienen un sustrato irreparable (la vida, la integridad física y la salud) y con ello, estaría justificado el recurso a la estructura del delito de peligro abstracto, según la perspectiva que aquí se considera la más adecuada[36].

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ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Buenos Aires: Ad Hoc, 2005.


Autor: Alfredo Alpaca Pérez




[1] CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, «La criminalidad organizada. Concepto. La asociación ilícita. Problemas de autoría y participación», en: GRANADOS PÉREZ, Carlos (Dir.), La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 218.
[2] SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, «La “intervención a través de la organización”, ¿una forma moderna de participación en el delito?», en: CANCIO MELIÁ, Manuel y Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Delitos de Organización, Montevideo: Editorial B de F, 2008, p. 87.
[3] La última modificación del artículo 317 CP se produjo el 20 de agosto de 2013 (Ley Nº 30077).
[4] CARMONA SALGADO, Concepción, «Lección 58. Los delitos de desórdenes públicos», en: COBO DEL ROSAL, Manuel (Coord.), Derecho penal español, Parte Especial, 2ª Edición, Madrid: Dykinson, 2005, p. 1118.
[5] Ibid, p. 1119.
[6] Este caso fue el relativo a los incidentes protagonizados por HERRI BATASUNA con ocasión de la visita del Rey a la «Casa de Juntas de Guernica».
[7] CARMONA SALGADO, Concepción, Op. Cit., p. 1119.
[8] Ibid, Loc. Cit.
[9] Ibid, Loc. Cit.
[10] BERNAL PINZÓN, Jesús, Delitos contra la administración pública y asociación para delinquir, Bogotá: Temis, 1965, p. 457.
[11] Ibid, p. 456 (Citando a MANZINI). Así, se señala: «(…) en definitiva, se ampara la turbación del orden público, no como efecto común a todos los delitos, sino como efecto que deriva de un determinado delito, por su índole y por sus elementos. El orden público tutelado por el derecho penal indudablemente hace parte del orden público general, pero específicamente hace relación al orden y al regular desenvolvimiento del vivir civil, al cual corresponden en la colectividad, la opinión y el sentimiento de la tranquilidad y de la seguridad».
[12] Ibid, p. 457.
[13] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir: aspectos sustantivos y procesales, Lima: Jurista Editores, 2002, p. 286.
[14] CORNEJO, Abel, Asociación ilícita y delitos contra el orden público, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2010, p. 60.
[15] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., Loc. Cit.
[16] CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte Especial, Tomo II, 6ª Edición, Buenos Aires: Astrea, 1998, p. 103. El autor añade: «Los delitos que comprende este título quiebran esa tranquilidad, produciendo una alarma colectiva al enfrentar a los integrantes de la sociedad en que se producen, con la posibilidad de tener que sufrir hechos marginados de la regular convivencia, que los pueden atacar indiscriminadamente (a cualquiera de ellos o a un grupo de ellos)» (cursiva del autor).
[17] SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, Tomo IV, Buenos Aires: T.E.A., 1983, p. 589.
[18] Ibid, p. 450.
[19] ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Buenos Aires: Ad Hoc, 2005, p. 36.
[20] Ibid, Loc. Cit.
[21] Ibid, p. 38.
[22] Ibid, p. 39.
[23] Ibid, p. 40.
[24] Ibid, p. 41.
[25] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., p. 284.
[26] Ibid, p. 289.
[27] Ibid, p. 291.
[28] JESCHECK, Hans-Heinrich y Thomas WEIGEND, Tratado de Derecho penal. Parte General, 5ª edición, traducción de Miguel Olmedo Cardenete, Granada: Comares, 2002, p. 283.
[29] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., Loc. Cit.
[30] Ibid, p. 292.
[31] MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina, Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación, Madrid: Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia, 1993, p. 158 y ss.
[32] MAYO CALDERÓN, Belén. Derecho penal y tutela de bienes jurídicos colectivos. Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 17, p. 354.
[33] Ibid, Loc. Cit. Como señala esta autora: «los tipos delictivos pueden configurarse como delitos de peligro abstracto, peligro concreto o lesión a bienes jurídicos colectivos de la misma manera que pueden configurarse como delitos de peligro abstracto, peligro concreto o lesión en relación con los bienes jurídicos individuales».
[34] Ibid, p. 339.
[35] Ibid, p. 341.
[36] Pienso que los bienes jurídicos colectivos, para verificar en ellos un fundamento material, deben tener dos funciones. Con respecto a la primera función, es determinante entender que el hecho de aceptar que los bienes jurídicos colectivos desempeñan una función de protección de otros bienes jurídicos (que pueden ser bienes jurídicos individuales) no significa que no sean autónomos con respecto a ellos, es decir, no implica que no tengan una entidad propia. Los bienes jurídicos individuales no forman parte del concepto ni de la estructura de los bienes jurídicos colectivos, así como éstos tampoco forman parte del concepto ni de la estructura de aquellos, sino que quedan relegados al ámbito de la ratio legis de la protección penal de los bienes colectivos. Con respecto a la segunda función, es preciso admitir que los individuos no sólo se obligan a respetar los intereses de los otros individuos (bienes jurídicos individuales) para que ellos respeten los suyos propios, sino que se ven obligados a participar en el sistema social que han creado, para que éste funcione y se desarrolle.

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