miércoles, 2 de octubre de 2013

Due Process of Law Fundation lanza Estudio regional sobre la relación entre independencia judicial y prisión preventiva



El estudio "Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú" analiza los obstáculos que enfrentan jueces y fiscales para actuar con independencia al adoptar decisiones sobre prisión preventiva en estos cuatro países suramericanos.

La publicación comprende cuatro informes nacionales, elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú; y un análisis comparativo, elaborado por Luis Pásara, senior fellow de DPLF, que identifica las tendencias comunes y formula propuestas para responder institucionalmente al problema.

En los países estudiados, con sus particularidades, existe una gran demanda social por el endurecimiento de la política criminal. En esta atmósfera, no se distingue entre procesado y condenado y se ha naturalizado la cárcel como la consecuencia obligada del inicio de un proceso penal, lo que afecta la presunción de inocencia. La criminalidad, presentada de manera amplificada por los medios de comunicación, junto a la idea -promovida incluso por actores estatales- de que el poder judicial es responsable de "dejar libres a los delincuentes", genera un clima de intimidación que dificulta a los operadores de justicia decidir con imparcialidad, por temor a las críticas de los medios, de los actores políticos e incluso de las propias instituciones del sistema de justicia.

La investigación concluye que el uso amplio de la prisión preventiva se ha transformado en una política pública no escrita, fomentada por un entorno que desaconseja a jueces y fiscales utilizarla como lo que es: una medida excepcional (según los instrumentos internacionales en la materia). A la vez, y en casos específicos, operan presiones que conducen a su aplicación arbitraria, sobretodo en procesos judiciales con atención mediática o en los que intervienen personas con poder político o económico. El uso desmedido de la prisión preventiva tiene raíces en una cultura judicial punitivista y es alentado por la falta de políticas judiciales favorables al ejercicio independiente de la judicatura.

Este estudio ha sido presentado en distintos foros en Argentina, Perú y Ecuador, con el fin de compartir los resultados e impulsar cambios que fortalezcan el sistema judicial y contribuyan al uso racional y adecuado de la prisión preventiva.

Acceso al Estudio: aquí

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