Entrevistas

Diálogos sobre diversos aspectos del Derecho penal con destacados profesores nacionales y extranjeros.

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Legislación vigente en materia penal, procesal penal y penitenciaria.

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En esta sección se encuentran los comentarios de recientes publicaciones, nacionales y extranjeras.

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lunes, 17 de marzo de 2014

Entrevista a Prof. Dr. Dr. h.c. Diego Manuel Luzón Peña




En la presente entrevista, el Prof. Dr. Dr. h.c. Diego Manuel Luzón Peña comparte con el público peruano y latinoamericano en general algunos de sus lineamientos generales sobre su concepción del Derecho penal y, en cierta medida, sobre la relación de esta disciplina con la Política Criminal y el Derecho procesal penal. Con respecto a las normas jurídico-penales, el Prof. Luzón Peña propone que estas poseen una función de protección mediante la prevención, la cual es la función básica de la norma jurídico-penal. Así, se busca proteger bienes jurídicos y, por ende, se busca proteger las libertades; todo esto de conformidad al Derecho penal de un Estado de Derecho: solo se legitiman las normas jurídico-penales que restringen libertades (a través de las normas jurídico-penales y sus correspondientes sanciones) cuando es necesario e imprescindible para proteger el máximo de libertad de los ciudadanos.

Por otro lado, el Prof. Luzón Peña señala que la dogmática penal parte de la interpretación de las leyes para con ello conocer su contenido. Asimismo, la dogmática penal favorece una comprensión sistemática de las normas jurídico-penales, lo cual, a su vez, necesita de una configuración previa de una serie de conceptos o categorías sistemáticas, para así comprender adecuadamente a las leyes penales. En definitiva, la dogmática jurídico-penal permite conocer las leyes penales y, a partir de ello, permite al jurista práctico aplicarlas con claridad. Se concreta así, según el Prof. Luzón Peña, la función de garantizar la seguridad jurídica. En lo que se refiere a la Política Criminal, el Prof. Luzón Peña la entiende como el estudio científico o evaluación crítica del derecho vigente: se trata de valorar si el derecho vigente cumple sus fines (de protección de bienes jurídicos, de garantía de libertades, de justicia), y a partir de ellos, hacer propuestas de lege ferenda (en sentido ampliatorio o restrictivo).

Con respecto a su concepción de la antijuridicidad, el Prof. Luzón Peña es defensor de la teoría de los elementos negativos del tipo. Por ello, expone las principales ventajas sistemáticas y prácticas de tal concepción. Entre otras interesantes apreciaciones, el Prof. Luzón Peña señala que se puede hablar de "tipo" como "tipo positivo" (indiciario de la antijuridicidad) independiente del "tipo negativo" (verificación de la ausencia de los elementos de las causas de justificación). De la valoración de ambas se extrae la idea de "tipo global completo". La ventaja de esta distinción, según el Prof. Luzón Peña, supone que el cumplimiento del tipo positivo (la verificación de sus presupuestos) sin que se verifiquen los presupuestos del tipo negativo, desde un comienzo supone la no realización de una conducta antijurídica (conclusión distinta a la que se llega desde los postulados finalistas, por ejemplo).

En lo que respecta a la teoría de la imputación objetiva, el Prof. Luzón Peña expone los alcances de la referida construcción conceptual, señalando que aquella surgió inicialmente para los tipos de resultado. En ese sentido, en sus orígines se verificó que además de causalidad material, se precisaba de una valoración jurídica en el trascurso de la acción al resultado: cobra importancia la imputación del resultado a la acción. Esta finalidad de la imputación objetiva ya había sido manifestada por otras teorías de la causalidad (como la causalidad adecuada o la causa relevante). Sin embargo, la teoría de la imputación objetiva fue desarrollada esencialmente por Roxin y supuso la realización de valoraciones de cara a la imputación del resultado a la acción a partir de la peligrosidad que supone o expresa esta última. La teoría de la imputación objetiva contempla una serie de lineamientos extraidos de criterios teleológicos o valorativos de los propios tipos penales. En ese sentido, según el Prof. Luzón Peña, hay que saber permanentemente cuál es el sentido teleológico valorativo de los tipos penales (esto es, qué conductas se pretende incluir dentro del ámbito de prohibición).

Sobre la teoría de la justificación, el Prof. Luzón Peña propone la distinción entre causas de justificación (sólo) de la acción y causas de justificación del resultado. Esta distinción, ya había sido desarrollada en su libro sobre legítima defensa del año 1978. El Prof. Luzón Peña estableció que habían causas de justificación que no eran iguales: en unas el resultado producido no estaba desvalorado, y en otras se producían resultados desvalorados pero las conductas estaban justificadas. En ese sentido, hay causas de justificación que permiten entender que sin desvalor de acción ya no hay antijuridicidad (por ejemplo, caso fortuito, el cumplimiento de deber -en algunos casos-, ejercicio del derecho); y hay otras que excluyen el desvalor del resultado y, como reflejo, excluyen el desvalor de acción (por ejemplo, la legítima defensa, el cumplimiento del deber -en algunos casos-, el consentimiento -en algunos casos-).

En lo que respecta a su concepto de culpabilidad, el Prof. Luzón Peña defiende un concepto normativo de culpabilidad (reprochabilidad al sujeto por el hecho que comete), al cual llegó después de cambiar de posición al respecto (antes defendía un concepto de culpabilidad tomando como punto de partida la indemostrabilidad de la libertad). Las Constituciones de los Estados de Derecho dicen que los ciudadanos son libres (principalmente, reconocen el libre desarrollo de la personalidad) y, por ende, dignos. Entonces, a partir del hecho de que los ordenamientos jurídicos tienen como presupuesto la existencia de la libertad, no hay impedimento en decir que el concepto de culpabilidad puede construirse sobre la base de la aceptación de la existencia de la libertad.

La Asociación Ultima Ratio agradece profundamente al Prof. Dr. Dr. h.c. Diego Manuel Luzón Peña, por su disposición a participar en este proyecto y por apoyar las iniciativas académicas dirigidas al público peruano y latinoamericano en general.

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martes, 18 de febrero de 2014

Entrevista a Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón


En la presente entrevista, el Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón nos presenta algunos aspectos destacados sobre sus investigaciones en Derecho penal. Con respecto al concepto de riesgo permitido, el Prof. Dr. Paredes Castañón expone que este concepto, al entenderse como el criterio límite de las conductas peligrosas permitidas, debe interpretarse como la otra cara del juicio de negligencia o diligencia. Desde su punto de vista, el riesgo permitido es un criterio útil para realizar la valoración objetiva de la conducta. Sobre las consecuencias sistemáticas de su concepto de riesgo permitido, el Prof. Dr. Paredes Castañón comenta que la tradicional construcción sistemática tripartita tiene límites cerrados en cuanto a los alcances de los contenidos (que difícilmente permanecen dentro de aquellos límites). El tipo de injusto, desde su punto de vista, es una unidad, aunque pueden verificarse dos momentos: primero una proceso de subsunción linguística impuesta por el principio de legalidad; luego, la realización de operaciones valorativas (una de ellas, es valorar la acción realizada, para la cual se aplican reglas generales -criterios de diligencia- y excepciones -causas de justificación-). Por otro lado, sobre el juicio de tipicidad, el Prof. Dr. Paredes Castañón reconoce una serie de operaciones de enjuiciamiento a la hora de valorar la tipicidad de una conducta: un juicio descriptivo (por ejemplo, la causalidad o el dolo), un juicio de atribución o de imputación (por ejemplo, la autoría o la imputación del resultado) y un juicio valorativo o normativo (por ejemplo, el desvalor objetivo de la acción); operaciones de enjuiciamiento que, desde su punto de vista, permitirían garantizar la coherencia en el razonamiento del juez al momento de solucionar controversias jurídico-penales.

Sobre lo referido a la responsabilidad penal por los productos adulterados o defectuosos, el Prof. Dr. Paredes Castañón señala que existe el problema (propio de todo el Derecho penal económico) de la individualización de responsabilidades en empresas complejas, de la determinación de la causalidad (y su prueba) y de la relación entre el Derecho penal y el derecho administrativo. Por otro lado, sobre el asunto vinculado a la fundamentación de la responsabilidad penal de los directores de la empresa por la comisión de delitos a partir de la actividad productiva de aquella, el Prof. Dr. Paredes Castañón resalta la necesidad de que el Derecho penal intervenga en estos ámbitos (distanciándose así de posiciones como la de Hassemer y la "Escuela de Frankfurt" y la de Silva Sánchez y su propuesta del derecho penal de varias velocidades). Las dificultades son claras, dado que los conceptos dogmáticos fueron creados desde la perspectiva de la delincuencia individual. A pesar de ello, según el Prof. Dr. Paredes Castañón, se ha avanzado considerablemente con el objetivo de dar respuestas a la problemática que supone la moderna delincuencia económica.

Finalmente, sobre la protección jurídico-penal del medio ambiente, el Prof. Dr. Paredes Castañón reconoce las dificultades (extrísecas e intrínsecas) que repercuten en el bajo nivel de aplicación y eficacia del Derecho penal en el ámbito medioambiental. A pesar de ello, el Prof. Dr. Paredes Castañón reafirma la idea de la necesidad preventiva del Derecho penal en materia medioambiental, a pesar de las complejidades. Asimismo, reconoce la existencia de una falta de claridad político-criminal sobre qué es lo que se quiere proteger en el Derecho penal medioambiental, lo cual es producto de la ausencia de reflexión del legislador acerca de para qué sirve el Derecho penal en este concreto ámbito vital. El Prof. Dr. Paredes Castañón opina que se pueden configurar tipos penales eficaces en materia medioambiental, sin depender del Derecho administrativo y sin incluir, de manera acrítica, conductas que no necesariamente son conformes con el principio de lesividad.

La Asociación Ultima Ratio agradece profundamente al Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón por la oportunidad y por el apoyo al desarrollo del presente proyecto.

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