miércoles, 23 de marzo de 2016

¿Responsabilidad "penal" de las personas jurídicas?


¿Responsabilidad “penal” de las personas jurídicas?

Por: Alfredo Alpaca Pérez[1]

El pasado 17 de marzo el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 4054/2014-PE, denominado “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Muchos han señalado que con tal aprobación, nuestro país satisface las exigencias planteadas por la OCDE como condición para incorporarse como miembro pleno, admite (materialmente) la llamada responsabilidad “penal” de las personas jurídicas y supera el tradicional dogma societas delinquere non potest. Estas afirmaciones, sin embargo, al ser erradas, deben ser rechazadas.

Con respecto a lo primero, resulta infundado decir que la OCDE haya exigido al Estado peruano la implementación, en su legislación interna, de una responsabilidad “penal” (o sancionatoria en general) de las personas jurídicas. En efecto, la Convención en materia de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales de 1997, señala, en su artículo 2, que “cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero”. Asimismo, en el artículo 3.2 del mismo instrumento internacional se señala expresamente: “En el caso de que conforme al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas morales, dicha Parte deberá asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros”. De esta manera, es posible decir que las exigencias de la OCDE pueden ser cumplidas por el Estado peruano sin que este tenga que adoptar necesariamente una responsabilidad “penal” (o sancionatoria en general) de personas jurídicas, la que, a mi juicio, supone una abierta contradicción con principios inderogables que gobiernan el sistema penal en un Estado de Derecho como son los principios nulla iniuria sine actione y nulla iniuria sine culpa.

Con respecto a lo segundo, en ningún lugar del texto sustitutorio se hace referencia expresa a una “responsabilidad penal” de las personas jurídicas, sino que se habla más bien de una “responsabilidad administrativa” de tales entidades. Consecuentemente, tampoco se alude expresamente a “penas”, sino que se evoca solamente a unas “medidas administrativas” aplicables a las personas jurídicas. Al respecto, es importante decir que aquí no se trata de un “fraude de etiquetas” (llamando “administrativa” a una responsabilidad que materialmente es “penal”, como sostienen algunos). Si en el texto sustitutorio no se ha hecho referencia a una responsabilidad “penal” es porque de alguna manera se ha reconocido que este último término tiene una suficiente carga expresiva consecuente con su esencia y contenido. En el derecho, las denominaciones responden a la sustancia del objeto que pretenden calificar, para así diferenciarlo –en sus fundamentos y finalidades– de otros. En realidad, son los defensores de la responsabilidad “penal” de la persona jurídica quienes juegan con etiquetas, al llamar “acción”, “culpabilidad” o “pena” (o “sanción penal”) a cosas que carecen de la mínima sustancia para serlo. Así como no se puede llamar “arrendamiento” a una “donación”, no se puede llamar “acción” a algo que solo de manera vulgar puede considerarse como “actividad” de la persona jurídica. Conforme a ello, no se puede llamar –como hacen algunos– “sanciones administrativas” a las medidas aplicables a las personas jurídicas, pues estas (que en realidad son pecuniarias e interdictivas) no tienen finalidades propiamente sancionatorias (sino que tienen como finalidad desincentivar el enriquecimiento injusto de las personas jurídicas).

Con respecto a lo tercero, con la aprobación del texto sustitorio materia de comentario no se produce una supresión del tradicional dogma societas delinquere non potest. Esto es así pues, a partir de una mirada del artículo 2 del aludido proyecto, es posible afirmar que el legislador ha asumido un modelo de “heterorresponsabilidad” de la persona jurídica, lo que es lo mismo a decir que la “responsabilidad” de aquella no es más que una de carácter derivado, y en ese sentido dependiente en todo caso de la que se pueda atribuir a la persona física. Al respecto, cabe preguntar: ¿Cómo se llama en derecho a la responsabilidad por las consecuencias derivadas de la conducta de otro? La respuesta es: responsabilidad objetiva (pues se trata de una responsabilidad no derivada de la culpabilidad, la que siempre es personal –subjetiva– y por el hecho propio). Con el reconocimiento formal de una –objetiva y materialmente inconsistente– responsabilidad “autónoma”, según el texto sustitutorio, la persona jurídica no adquiere súbitamente la capacidad de “cometer delitos” (pues el delito lo cometen materialmente los sujetos determinados en el artículo 3 del texto sustitutorio), ni mucho menos, de ser responsable por ellos (su responsabilidad será, civil o, si se quiere, administrativa –no sancionadora–, pero jamás podrá ser una de carácter penal).

La lucha contra la corrupción es una tarea que nos compete a todos. Y es a los que estamos relacionados de alguna u otra manera con el derecho a quienes nos compete plantear los mecanismos legales necesarios para librar esta batalla. Sin embargo, las propuestas no deberían suponer la renuncia a principios que resultan fundamentales en un Estado de derecho. En ese sentido, la dogmática no puede someterse a presuntas necesidades de la política criminal, pues, de ser así, la dogmática –útil para la sistematización e interpretación de las categorías penales– desaparecería para dar paso a la mera arbitrariedad. En todo caso, que la admisión de una responsabilidad “penal” de las personas jurídicas no es indicador de una adecuada lucha contra la corrupción lo ha manifestado la propia OCDE, al señalar, por ejemplo, en su reporte anual de 2013, que Alemania (que no reconoce en su ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas) es un ejemplo a nivel mundial para la lucha anticorrupción[2]. Esto permite entender que la lucha contra la corrupción debe recorrer otros caminos (muchas veces, no necesariamente jurídico-penales), y no la muy errada senda de la desafortunada y fallida responsabilidad “penal” de las personas jurídicas.




[1] Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando en Derecho por la Universidad de León (España). Investigador de la Asociación Ultima Ratio. E-mail: alfredo.alpaca@hotmail.com
[2] OECD Working Group on Bribery, Annual Report 2013, 2013, 13 y ss.

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